Los créditos bancarios son préstamos concedidos por la entidad bancaria a la que se le solicita y que están aprobados –y catalogados- como créditos al consumo ordinario.
A diferencia de ello, la ventaja del crédito no bancario radica en su accesibilidad y una administración mínima. Lo importante es que la concesión de cada crédito sea rápida y efectiva. Para gestionar un crédito no bancario rápido es suficiente tener acceso a internet y registrarse. Todo lo demás lo gestiona la entidad privada prestamista o entidad de crédito, la cual no es una entidad bancaria. El solicitante no tiene que ocuparse de nada más.
A través de las dos podemos obtener lo que se denomina un “préstamo rápido”. Se denomina préstamo rápido a la cantidad de fondos que el banco ofrece al cliente como anticipo o ayuda para una importante inversión que dicho cliente va a llevar a cabo a corto plazo. A cambio de tomar dinero prestado del banco, el prestatario debe recompensar esta ayuda económica mediante un pago con intereses dirigido al propio banco, cuya cantidad se constituye por el propio montante del préstamo otorgado, más unos intereses establecidos por la entidad y una cantidad extra en concepto de honorarios por los servicios de gestión y administración del préstamo. Es lo que a resumidas cuentas se tiene por devolución del crédito.
Según el tipo de préstamo del que se trate, el prestamista adoptará una postura más o menos estricta respecto al conocimiento de la finalidad que el prestatario tiene pensado darle a su dinero. Es decir, hay casos, especialmente en los préstamos rápidos –que suelen comportar cantidades más bajas-, donde las condiciones de solicitud del préstamo no requieren al prestatario informar al banco sobre dónde va a invertir su dinero ni para qué o por qué lo necesita. En cambio, en créditos que comportan cantidades más altas, la entidad puede exigir la revelación de dicha información a través de los documentos legales y/o financieros que se consideren necesarios.
Tanto las entidades bancarias como los prestamistas privados se enfrentan a menudo con situaciones fraudulentas o tentativas de estafa por parte de clientes, que anteriormente han incumplido las condiciones de otro prestamista o que se hayan inscritos en un fichero de morosos, acumulando así deudas con terceros. La política de confianza y fiabilidad de cada banco para con sus clientes es diversa y subjetiva, sin embargo, las leyes financieras son claras y no dejan lugar a interpretaciones personales. La principal fuente de Derecho financiero es la propia Constitución Española, cuyos artículos 149.1, 11ª y 13ª otorgan al Estado competencia exclusiva sobre las bases de la ordenación del crédito, banca y seguros, y sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Estas normas se desarrollan en la Ley 44/2002 de medidas de reforma del sistema financiero.
El resultado de una regulación ceñida a las necesidades es una mayor capacidad de respuesta de los bancos respecto a clientes con menos expectativas de éxito o cumplimiento de las condiciones financieras necesarias para conseguir un crédito. Pese a contar con mecanismos legales de defensa y reacción, las entidades prestamistas tienden a otorgar créditos sólo a prestatarios con solvencia y liquidez claramente garantizada.